Rabia, impotencia, frustración, hartazgo, dolor, indignación, son los sentimientos que afloraron cuando la Procuraduría General de la República por voz de su titular, dieron a conocer lo que ya sabíamos, pero que nunca nos imaginamos con que saña lo hicieron criminales protegidos por las autoridades municipales, estatales y federales.
Era un secreto a voces la muerte de los 43 normalistas de Ayotzinapa, yo lo hice público en mi artículo de hace quince días, pero para millones de compatriotas la esperanza de encontrarlos con vida aun perduraba y luego, el viernes, después de escuchar y ver la forma como los sicarios narraron a los medios la manera como los mataron, vino una rabia generalizada contra el gobierno de Peña Nieto que como candidato había prometido combatir con inteligencia al crimen organizado, y es la hora que éste sigue ganando terreno y batallas al Estado.
Viendo el rostro de los funcionarios encargados de la seguridad interna, de la procuración de Justicia en la República y de la conducción del país, nos damos cuenta que en este momento los mexicanos estamos huérfanos, que no tenemos protección alguna de nuestros bienes y de nuestras vidas porque Miguel Osorio Chong, Jesús Murillo Karam y Enrique Peña Nieto ya mostraron su incapacidad, y nos dejan indefensos frente al hampa, frente a los criminales, frente a los secuestradores, frente a los extorsionadores y, lo que es peor, frente a las instituciones encargadas de velar por nuestra seguridad que son, hágame usted favor, las que nos entregan a éstas bandas.
Con que confianza hoy, cualquier ciudadano de cualquier municipio o comunidad va a pararse cuando la policía municipal, la estatal, la federal, el ejército o la marina y hasta los agentes de tránsito nos detengan por cualquier pretexto, cuando todos sabemos que son el primer eslabón de una cadena de bandas criminales, debidamente protegidas por los ministerios públicos y jueces, que más temprano que tarde son puestos en libertad, cuando llegan a ser detenidos.
Se acabó la confianza en todas las corporaciones policíacas. Se acabó la confianza en las autoridades encargadas de velar e impartir justicia. Se acabó la confianza en los políticos. Se acabó la confianza en los gobiernos y, lo que es peor, se acabó la confianza en la institución mayor: El Estado.
Los muertos de Ayotzinapa, la de los conductores de los autobuses que los llevaban y el joven asesinado que pertenecía a un equipo de futbol de la tercera división vinieron a ser la gota que derramó el vaso. Fue el ¡ya basta! Que exigen no solo los mexicanos sino organismos internacionales de los derechos humanos, gobiernos de otras naciones que ven en México una sociedad hastiada, perseguida, temerosa, indefensa, y un Estado rebasado ya por el crimen organizado, porque sus titulares se han dedicado al glamour, al enriquecimiento explicable, a estrenar aviones de miles de millones de pesos, a vivir en el extranjero con