No es menor el tema. De hecho en los últimos meses se ha desatado una ola de propuestas de diversas organizaciones, intelectuales, académicos y algunos partido políticos como Morena y Movimiento Ciudadano en el sentido de suprimir constitucionalmente el financiamiento a los partidos políticos, acusándolos de actos de corrupción, de privilegios que no deben existir frente a la situación que vive el país y los mexicanos.

Casi nadie desea sacar una opinión contraria a lo que es una exigencia de la ciudadanía frente al descrédito del sistema electoral nacional, del gobierno en sus tres niveles y, en efecto, de los partidos políticos de quien nos enteramos por los medios de comunicación los millonarios recursos que reciben del Estado cada año.

No puede postergarse la discusión y más cuando Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa formal para que los partidos políticos no reciban un peso del erario público, lo que lleva a preguntarnos: ¿Cómo desarrollarán entonces todas sus actividades éstos partiendo que son entidades a través de los cuales los ciudadanos pueden llegar a ocupar cargos de elección popular, y la ciudadanía elegir de entre muchos que aspiran a ello?

Todos entendemos que los partidos políticos necesitan tener oficinas, secretarios, militantes que atiendan a la ciudadanía, gasolina, vehículos para recorrer los estados y realizar diálogos y discusiones con hombres y mujeres, asambleas municipales, estatales y nacionales que implican contratar inmuebles y muebles para celebrarlas, publicidad en campañas, pago de teléfonos, de luz, papelería computadoras para que cumplan en verdad con las funciones de difundir sus principios, programas y objetivos en cada elección.

Si se les quita el financiamiento público la pregunta es: ¿De dónde obtendrán los recursos para todos estos menesteres? Porque de algún lugar tendrán que salir y la respuesta inmediata es: De las cuotas que deben dar todos sus miembros y funcionarios que, con conocimiento de causa les afirmo, no les alcanzaría ni para un 20 por ciento de ellas a los partidos grandes (PRI, PAN, MORENA o PRD), y ni qué decir de los partidos pequeños que tienen menos alcaldes, regidores, síndicos, diputados locales o federales o gobernadores, lo que obligaría a los dirigentes a buscar financiamiento privado –que lo prevé la Constitución en cuatro apartados, aunque en ínfima proporción-, lo que conlleva a riesgos que es necesario examinar de manera serena y reflexiva, sin ciegues, influenciados por el odio que se tiene por éstos, ganado a pulso, habrá que apuntarlo, por culpa de políticos vivales que sin pudor muestran sus riquezas como los del partido verde, o de otros tantos que por mas que quieran ocultarlos, suelen aparecer con mansiones en México y el extranjero.

Las alternativas que tienen Acción Nacional y el PRI se circunscribirían en primer lugar a sus fuentes oficiales, los que siempre los han financiado por debajo del agua como ha sido el caso de Televisa (que hasta esposa les ha buscado a los candidatos y hoy promueven a una en una telenovela), el clero político que tanto desde el púlpito a través de marchas callejeras, y económicamente apoyan cuando les conviene a uno, y cuando no al otro; la iniciativa privada por medio de la Coparmex, la Concanaco, los grupos de poder económico liderados por María Asunción Aramburozabala, Eugenio Garza Sada, Alberto Bailléres, Rogelio Zambrano Lozano o Ricardo Salinas Pliego, es decir, miembros todos de las 14 familias más pudientes de México, que desde luego no lo han hecho de gratis,