La lealtad del ejército al país jamás ha sido cuestionada, incluso en los momentos críticos del maximato, de ahí el respeto que se le tiene y se ha tenido en esa institución, -no para caer sin meter las manos- sino por obedecer a quien es su jefe inmediato, pues quienes han sido desleales, al gobernar con irresponsabilidad, y no tener la capacidad de afrontar los retos sin derramar sangre inocente o presunta culpable, son precisamente que se quieren seguir escudando en ellos.

Ni Cárdenas ni �vila Camacho, militares ambos, pese a momentos convulsos que vivió el país, se dieron episodios desgarradores, pese a que el país se estaba consolidado, si no que la debacle acontece cuando son civiles quienes gobiernan y acreditan que solo por la bayonetas se enfrentan los problemas, lo que es inadmisible cuando el meollo está en la corrupción auspiciada y alentada desde el poder público.

Salvo la etapa aciaga de 1968, hecho condenado por la historia, no es hasta el gobierno del panista Felipe Calderón cuando se declara una guerra abierta y descomunal contra el narcotráfico utilizando al ejército, para registrar los cientos de desaparecidos y miles de muertos que exponencialmente se han acumulado en el actual sexenio de Peña Nieto que tiene al país en la disyuntiva de, o sigue el ejército en las calles, o regresa a los cuarteles, queriendo ignorar que las fuerzas armadas tienen una función totalmente ajena a las tareas encomendadas a la persecución de delitos y que si continua, con una nueva ley o sin ella, se seguirán cometiendo esos crímenes de lesa humanidad .

Hacer una ley a modo para los militares es quitarle le función esencial que es ametrallar sin miramientos cuando se está contra otro país, lo que es imposible porque desnaturaliza la función del soldado que está preparado para disparar consciente que lo hace para defender su nación , por ello, en la guerra existen protocolos de derecho internacional humano que no podrán cumplirse cuando se trata de delincuentes comunes y vendrá a dar a razón de