La actividad periodística en Veracruz y en el país pasa por una fragilidad nunca jamás vista en pleno siglo XXI. Desde la década de los 80 el oficio reporteril más antiguo del mundo –conjeturaba el Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez- se había visto minado por los poderes fácticos del crimen organizado y formal del poder público y sindical.

¿Por qué está regresión a la época barbarie y del ojo por ojo y diente por diente? Las instituciones públicas y el país se han modernizado. Hoy, las redes sociales han superado las expectativas de la administración y procuración de la justicia. Queda patente que los servidores públicos de los tres poderes federal, estatal y municipal, están fallando con los reclamos enérgicos de la sociedad civil para combatir la corrupción oficial.

Desde los 80 para acá ejercer el periodismo en el país es una odisea, caminar en un inexorable campo minado y con la sombría mano de los poderes fácticos y legales que pueden acabar con la existencia del trabajador de los medios de comunicación. A veces en complicidades abyectas o cada uno por su lado. Y de ahí para acá el número de periodistas ejecutados se han ido multiplicado peligrosamente en el país.

Los dolosos entramados y marañas legales que entraña el poder público dieron cuenta en los entresijos como urdieron el asesinato del influyente columnista de Excélsior, autor de Red Privada, Manuel Buendía Téllez Girón, el 30 de mayo de 1984, quien en su brillante carrera periodística le dio seguimiento puntual al ascenso de las organizaciones ultraderechistas, a la penetración del narcotráfico con las altas esferas gubernamentales y la defensa del Estado laico. Fue un suceso que conmovió y reprobó la sociedad civil en el país.

Al otro día, el 31 de mayo de 1984, era asesinado el editor Javier Juárez Vázquez, en Coatzacoalcos, quien se recuerda había tenido diferencias con el entonces alcalde priista de puerto México, Juan Hillman Jiménez. Su crimen nunca se aclaró.

La prensa veracruzana nunca había sido expuesta que se recuerde en la época contemporánea y tan vulnerable a la barbarie y amenazas de la delincuencia organizada en complicidad aviesa con las altas esferas de la SSP o de la fiscalía general del Estado, bajo la retórica estridente y populista del gobernante en turno.

Los protocolos para protección de los comunicadores, instituidos por la antigua Procuraduría General de Justicia del estado –hoy pomposamente fiscalía general que en teoría es soberana e independiente, pero que en la práctica es un brazo represor del gobernador de extracción albiazul-, la PGR y la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, son ambiguos, insuficientes e inocuos.

La seguridad para el desempeño profesional de los periodistas en actividades del poder público y de la sociedad civil, como en el frente de ‘guerra’ que sostiene el Estado mexicano contra la delincuencia organizada, mediante los operativos ‘Veracruz Seguro’, es endeble, frágil y sombría, ante instituciones públicas colapsadas que heredó el Duartegate y que aún no ha sido