Dictan prisión preventiva por un año a Gina Domínguez
21 de Mayo de 2017
Jesús Ruiz / Xalapa, Ver.
La ex titular de la Coordinación de Comunicación Social en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, María Gina Domínguez Colío, fue ingresada al penal de Pacho Viejo la mañana de este domingo, donde pasará un año de prisión preventiva.
La juez de control Verónica Portilla Suazo dio por legalizada la detención de la Policía Ministerial y estableció la puesta a disposición a la 01:02 horas.
Es imputada de haber desviado, al menos, 105 millones 937 mil pesos a su paso por la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS).
Esto a través del otorgamiento de contratos de publicidad a empresas “fantasma”, a las que instruyó 35 órdenes de pago por cantidades millonarias.
Por dichos desvíos, se le imputan los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y coalición en agravio del servicio público, abriéndose el proceso penal 110/2017
La denuncia por la malversación de recursos que llevó a su detención fue interpuesta por el actual coordinador general y vocero de Miguel Ángel Yunes Linares, Elías Assad Danini.
Según la FGE la ex funcionaria estatal habría ordenado 35 pagos por 161 millones de pesos a al menos dos empresas “fantasma”, de acuerdo a información del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Se explicó que derivado del proceso de entrega recepción, se realizó una auditoría general a la Coordinación, en la que se detectó que entre 2011 y 2014, cuando estuvo a cargo de la CGCS, se hicieron los convenios con medios de comunicación al margen de la Ley.
Se agregó que los contratos incluso se realizaron de forma “verbal y tácita”, sin tener presupuesto asignado para ello, sin contratos, sin firmas y sin justificar la necesidad del servicio, además de que no fueron reportados a la cuenta pública de dichos ejercicios para su fiscalización.
El organismo autónomo señaló que de un monto otorgado para publicidad en el orden de los 5 mil 43 millones de pesos, solo se justificaron 50 millones de pesos, destacando que existieron contratos “excesivos y fraudulentos” en todo su periodo.
Domínguez Colío igualmente es acusada de emitir solicitudes de pago sin suficiencia presupuestal, en complicidad con Mario Rafael Rivadeneira y Luis Salgado González, sus subalternos en la Coordinación.
Además, en los posibles desvíos se involucró el ex tesorero y diputado federal, Tarek Abdalá Saad, quien sería el responsable de avalar dichos pagos sin confirmar los servicios otorgados.
Asimismo fue acusada de falsear información y ocultarla, específicamente en las solicitudes de acceso a la información que se hicieron para conocer los convenios y los montos.
La FGE solicitó el año de prisión preventiva necesaria como medida cautelar, ya que en caso de ser encontrada culpable podría pasar hasta 22 años de prisión.
Por ello, la juez Verónica Portilla Suazo dictó la prisión preventiva necesaria por el plazo solicitado por la Fiscalía, considerando que su abogado y hermano, Uriel Domínguez Colío, no pudo rebatir con pruebas presentadas por la FGE.
